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Varios son los factores que influyen en el nivel de competitividad de la minería, que especialmente en los últimos diez años se ha visto afectada por incrementos constantes en los costos, en un contexto de baja permanente en las leyes de mineral (de 1,10% de cobre en 2003 a 0,86% Cu en 2012), quedando Chile en una posición cada vez más desmejorada frente a otros productores: si en 1992 el 21% de la producción del resto del mundo tenía mejor ley promedio que nuestro país, en 2010 ese porcentaje se elevó a 35% y se estima que hacia 2020 el 43% tendrá mejor rendimiento que Chile (según diagnóstico de Wood Mackenzie).

Del mismo modo, mientras en 2000 Chile ocupaba el puesto N° 5 en el ranking global de costos, con un cash cost de 43 c/lb, doce años más tarde bajó al lugar N° 22, con un cash cost de 172 c/lb. De acuerdo con Cochilco, el índice de costos totales unitarios de cobre se situó en 234,7 en 2012, desde una base 100 en 2005.

Los costos de los proyectos han subido a tal punto que en algunos casos se ha puesto en duda su futura rentabilidad, lo que ha llevado a sus propietarios a decidir su postergación temporal o a retrasar su puesta en marcha en un par de años.

La principal variable que incide en esta escalada de costos es la mano de obra. Los costos laborales de Chile se están acercando a los de Canadá, Australia y Estados Unidos, los más altos entre los países productores. Y paralelamente la productividad cae; si en 2004 el indicador era de 146 ton/trabajador, hacia 2012 apenas se bordeaban las 100 ton/trabajador. 

En lo que se refiere a la productividad de empresas contratistas, Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, señaladoó en la reciente Exponor que, medida en horas-hombre, un 38% de estas es destinado, en promedio, a trabajo efectivo o físico, mientras en otros países esa proporción se eleva a un 65%. El resto de las horas (55%) es ocupado en labores no productivas (esperas, permisos, colaciones, traslados, principalmente), además de coordinaciones y análisis (7%). 

Los principales riesgos que amenazan la competitividad de la minería chilena –y así lo han hecho ver altos ejecutivos de las más grandes compañías mineras– tienen que ver, por una parte, con el aumento de la brecha entre remuneraciones y productividad y una eventual menor disponibilidad de mano de obra. Por otra parte, está el costo de la energía, particularmente alto en nuestro país y donde no hay certeza de futuros proyectos de generación que aporten de manera relevante al sistema. La importancia de este tema llega al punto de que sin energía a precios razonables, muchos proyectos arriesgan su viabilidad. Se suma a ello la escasez de agua y la necesaria inversión en tecnologías que aseguren su suministro, con el consiguiente encarecimiento del recurso hídrico (y también del energético asociado). 

Y desde la perspectiva institucional-social, la industria minera está preocupada por el deterioro de la competitividad a causa de una debilitada certeza jurídica para la materialización de inversiones, dada la existencia de criterios diferentes en las evaluaciones de proyectos, con una multiplicidad de permisos, la judicialización y las presiones de la comunidad.

Toda esta situación impone importantes desafíos en los distintos frentes mencionados, que se resumen en una definición a nivel país respecto de la matriz energética que Chile necesita; estabilidad para asegurar la concreción de nuevos proyectos, estandarizando y agilizando los permisos; mayor flexibilidad laboral y certificación de competencias; incentivos a la productividad y promoción de I+D+I en minería. Avanzar en ello es imperioso si queremos volver a ser competitivos, viendo estos retos no como un problema, sino como una oportunidad.